taller-salamanca-2En Salamanca se realizó una reunión ampliada con representantes de distintas Juntas de Vigilancia de la región para explicar aspectos del proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre.

En Salamanca el Director General de Aguas del MOP, Carlos Estévez, se reunió el jueves 29 de diciembre con al menos 120 integrantes de las Juntas de Vigilancia de la región de Coquimbo, entre directivos y socios, para explicar los alcances de la reforma al Código de Aguas, proyecto de ley aprobado en su primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre y próximo a ser discutido en el Senado.

En la actividad también participaron la senadora Adriana Muñoz y el diputado Luis Lemus. Posteriormente, Estévez junto a los parlamentarios Muñoz y Lemus, sostuvieron una reunión con los directivos de las Juntas de Vigilancia para consensuar cómo abordar en forma conjunta los artículos que son materia de preocupación de las organizaciones de usuarios de agua. Acordaron trabajar en dos mesas, una con los parlamentarios y otra con la Dirección General de Aguas.

En la ocasión estuvieron presentes directivos de las Juntas de Vigilancias de Elqui, Estero Derecho, Grande y Limarí, Illapel, Río Choapa, Chalinga, Río Hurtado y la Comunidad de Aguas Sistema Embalse La Paloma. “Fue una jornada fructífera, espero haber despejado las dudas de los presentes. Luego, en una reunión más acotada con los directorios de las Juntas de Vigilancia, la senadora Muñoz y el diputado Lemus, se pudo llegar a un entendimiento para trabajar de aquí en adelante aspectos de la reforma, y conocer de ellos mismos propuestas que puedan ser incorporadas en el articulado del proyecto de ley”, destacó el director nacional de la DGA, Carlos Estévez.

Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del río Choapa, señaló que “en la discusión todos participaron, el que quiso preguntar lo hizo. Fue muy aclaratoria la presentación del Director General de Aguas. Todos coincidimos que el tema especulativo no debe existir, incluso mucho antes de la reforma  y que el agua debe ser un bien de uso público con el objeto de que la prioridad sea el consumo humano. No obstante, la redacción de algunos articulados es lo que nos preocupa, que no den lugar a doble interpretación y tenemos que ver la estrategia para presentar en el Senado nuestras inquietudes “.

El diputado Lemus resaltó que con la exposición de la DGA hubo mayor comprensión de lo que se está haciendo. “Primero, romper con el mito que esta modificación iba a terminar con los derechos de agua ya constituidos. En los articulados se deja estipulado que los derechos antiguos permanecerán exactamente con su calidad jurídica, seguirán siendo perpetuos, se podrán vender y heredar, es decir, está la certeza jurídica. La reforma respeta el derecho de propiedad, lo que hace es ver cómo se tratará el agua a futuro”, explicó.

La senadora Muñoz por su parte, indicó que “en el senado vamos a revisar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados e invitar a las organizaciones que allí expusieron sus puntos de vista. Veo que hay una desigualdad entre los agricultores, que tienen que solicitar un derecho de agua y que para la minería funcione las aguas del minero, es decir, el agua que hallan en sus faenas las utilizan sin necesidad de tener un derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, con la reforma ahora se exigirá que informen los volúmenes que se están usando para medir el recurso”.

Reunión ampliada

taller-salamancaEn la reunión ampliada, Estévez explicó a la audiencia los ejes básicos de la reforma al Código de Aguas, derribando algunos mitos creados en torno a diversas materias, como la priorización del derecho humano de acceso al agua, regularización de usos ancestrales, el principio de eficiencia de las aguas, terminar con el acaparamiento y especulación de derechos de aprovechamiento y proteger las áreas de importancia patrimonial y ambiental.

Además aclaró algunas interpretaciones erróneas que se han hecho de la reforma, señalando que los derechos constituidos antes de la entrada en vigencia de la reforma continuarán siendo perpetuos. Serán los nuevos derechos, una vez entrada en vigencia la reforma, los que se otorgarán por un plazo de 30 años, prorrogables. Reiteró que no habrá expropiación del derecho, pero los dueños de derechos de aprovechamiento de agua deberán cumplir con dos obligaciones ya existentes en el Código de Aguas, como el uso efectivo de las aguas, verificable por medio de la construcción de obras necesarias para captar, conducir y restituir las aguas, bajo la pena de extinción del derecho en 4 u 8 años, plazo que podrá suspenderse.

La segunda obligación es inscribir los derechos de aprovechamiento en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, dentro del plazo de 6 meses para los nuevos y 18 meses o 5 años para los antiguos derechos. Hoy en día el Código de Aguas establece que hay que realizar la inscripción, pero no señala plazo y sanción. “Hay preocupación por la aplicación del caudal ecológico; sin embargo, la Cámara de Diputados no aprobó esta aplicación a todos los derechos ya existentes, sino que a aquéllos ubicados en parques, monumentos naturales o reservas nacionales, por ejemplo, en el caso de la región de Coquimbo, sólo existe un derecho superficial en la reserva nacional Las Chinchillas”, precisó Estévez.

Por último, enfatizó que la reforma no prohíbe ni limita la venta de derechos ya constituidos, y facilita que los derechos ancestrales puedan regularizarse administrativamente, individual o colectivamente, reduciendo tiempo y costos.

LEAVE A REPLY